Por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Administrativo de Bogotá, decidió enviar a prisión al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. 

La fiscal María Cristina Patiño le imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido.

Nuestras noticias en tu mano: únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado de todo lo que sucede.

La magistrada consideró que "la Fiscalía acreditó que las dinámicas investigadas trascendían el ejercicio formal del cargo, se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidada y operaban a través de terceros".

Además, enfatizó en que el riesgo depende de la "capacidad de articulación e intermediación propia de estructuras complejas de criminalidad contra la administración pública (...). La medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario resulta idónea, necesaria y proporcional para los imputados".

Apuntó la magistrada que la medida no se sustenta en una fuga inminente, sino en la "necesidad de evitar la rearticulación o continúe en las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no impiden el desplazamiento internacional del imputado".

La Fiscalía considera que Velasco y Bonilla lideraron una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, supuestamente destinó más de 612.000 millones de pesos (unos 163 millones de dólares) para comprar congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno del Presidente Gustavo Petro.

Te puede interesar: Caso de mujer asesinada en Santo Tomás: “Podría tratarse de retaliaciones”

Durante la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño aseguró que ambos exfuncionarios "lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal", y que "impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando gestiones ilícitas" en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según el ente acusador, entre mayo de 2023 y octubre de 2024, los exministros dirigieron 74 proyectos en el Invías por $571.000 millones y cinco más en la UNGRD por $40.500 millones, de los cuales siete se concretaron.